Sistema tributario e impuesto a los súper ricos

Sistema tributario e impuesto a los súper ricos

La recaudación tributaria en Chile es de un 20,7% del PIB; los países hoy desarrollados recaudaban un 34% del PIB cuando tenían el mismo ingreso per cápita (Accorsi y Sturla, 2020; OCDE, 2020). Nuestra estructura de recaudación se basa en impuestos indirectos, al consumo, 55% de los ingresos fiscales; los países de la OCDE la basan en impuestos directos, los impuestos al consumo representan un 32% (OCDE, 2020). Además, el 1% de los adultos concentra un 35% de los ingresos (Prieto, 2020) y un 47% de la riqueza neta privada total (López y Sturla, 2020; Credit Suisse, 2020). Y, desde 1990, la participación del 1% más rico en el ingreso se ha mantenido estable (WID, 2020). El coeficiente de GINI corregido por ganancias provenientes del capital y utilidades retenidas no ha cambiado (Díaz, Gutiérrez y Tapia, 2020).

La evasión y elusión tributaria, sin considerar Aduanas, alcanza un 7,6% del PIB (US$ 21.000 millones). Mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 3,2% (Bhuen y Scheider, 2016).

Dicho lo anterior, en Chile no existe una norma general antielusiva basada en estándares OCDE, lo cual dificulta la fiscalización por parte del SII y Aduanas, lo que, sumado a la falta de personal técnico-administrativo en estos organismos, explica la elevada evasión y elusión.

Hoy existen tres propuestas concretas de impuesto a los altos patrimonios, dos de forma permanente (López y Sturla, 2020; Gutiérrez y Flores, 2021) y una de forma transitoria (Proyecto de Ley). Las dos primeras propuestas plantean el tributo como una medida necesaria, mas no suficiente, para aumentar la recaudación (0,8 – 1,8% del PIB), disminuir las desigualdades, incentivar la productividad de la riqueza y mejorar el control de la evasión y elusión en base al conocimiento del patrimonio de los contribuyentes de mayor riqueza.

La tercera responde a la contingencia, busca un aporte por parte de quienes están en condiciones de hacerlo para enfrentar las enormes necesidades económicas de la población, el incremento de las desigualdades y el aumento de la pobreza y vulnerabilidad de muchos hogares. El proyecto de ley ha incluido esta semana, para los años 2020 y 2021, el término de la exención del impuesto a las ganancias de capital y el aumento del impuesto corporativo para empresas con ventas superiores a un millón de UF (US$ 40 millones), siempre apuntando a quienes tienen y pueden más.

Algunos de quienes estamos a favor de un impuesto permanente al patrimonio hemos sido claros respecto de sus dificultades, de la necesidad de un buen diseño y de las medidas complementarias requeridas para evitar problemas que han presentado en algunos países, para así lograr los objetivos planteados. También hemos reconocido las diferencias fundamentales con un impuesto transitorio (López y Sturla, 2020).

El proyecto de ley que se votará en el Congreso tiene un alto respaldo de la ciudanía (CELAG, 2020) y de la mayoría de los parlamentarios; se trata de una decisión política. Varios hemos aportado a la discusión para perfeccionar el proyecto original, y sin duda ha mejorado. Ojalá los técnicos que se han opuesto puedan aportar desde sus críticas (la mayor parte de ellas asociadas a la implementación) y conocimientos en la materia, para que este proyecto, que avanza rápidamente en el Congreso, pueda minimizar efectos no deseados, que, por cierto, no están ausentes en ningún tributo existente en Chile.

Recaudación tributaria: la distancia de Chile respecto de la Norma de Países Desarrollados

Recaudación tributaria: la distancia de Chile respecto de la Norma de Países Desarrollados

La recaudación tributaria de Chile se encuentra muy por debajo de la norma de los países desarrollados, aun considerando su bajo ingreso per cápita relativo a los demás”, argumentan los autores. Teniendo a la vista el estándar de los países desarrollados, sostienen que nuestra recaudación debiera ser igual al 31% del PIB, lo que implica aumentar la recaudación en más de 50%. Esta baja tributación podría haber tenido un costo en términos de crecimiento económico, “en la medida que países por debajo de la norma recaudatoria tienden a crecer menos que aquellos que se encuentran en las cercanías de la norma.

Recuperar para Chile las rentas de los recursos naturales: La olvidada regla de Hartwick

Recuperar para Chile las rentas de los recursos naturales: La olvidada regla de Hartwick

Los autores argumentan que quienes diseñan las políticas públicas en Chile han olvidado la sencilla “regla de Hartwick”: las rentas de los recursos naturales no renovables deben ser invertidas en otros activos productivos y/o sociales “para no condicionar la productividad futura de su economía”. Chile, en cambio, “regala” a las mineras privadas la mayor parte de las rentas que genera el cobre, explican. Usan el caso boliviano para mostrar que royalties más altos son posibles sin que los inversionistas se escapen. Del impuesto específico a la minería de 5% sobre las utilidades, proponen pasar a un tributo del 20% al valor bruto de las exportaciones de materias primas: minerales, forestales y pesqueras, entre otras.

Hace 121 años el presidente José Manuel Balmaceda declaraba ante el Congreso Nacional: “No debemos consentir que esta vasta y rica región sea convertida en una simple factoría extranjera”. La frase fue impresa en el billete de 500 escudos de los años setenta.

“Nuestro cobre ahora estás en casa y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarras” entonaba la canción “Nuestro Cobre” de Eduardo Yánez, en el año 1972.

El 11 de julio se conmemoró el Día de la Dignidad Nacional, que recuerda la Nacionalización del Cobre, aprobada por unanimidad en el Congreso Pleno hace 49 años.

¿Qué ha pasado en las últimas dos décadas?

Un hito importante para responder a esa pregunta ocurre en 2005, cuando Chile inició una nueva política hacia sus recursos naturales, estableciendo un impuesto específico a la minería de un 5% sobre las utilidades. Para evaluar esa política vamos a compararla con la que inició Bolivia ese mismo año y que consistió en un impuesto directo a los Hidrocarburos, de un 32% sobre el valor bruto de las exportaciones.

Los recursos obtenidos de los royalties le otorgaron a Bolivia la capacidad financiera para aumentar su inversión en programas y políticas en favor del capital humano (considerado el principal motor del desarrollo económico), en mucho mayor medida que a Chile.

La política chilena ha permitido al país captar, en el periodo 2005-2017, rentas del cobre equivalentes a un 3,7% del PIB, incluyendo la contribución de Codelco. Por su parte Bolivia ha captado un 9,2% del PIB gracias a impuestos a sus hidrocarburos y minería, también incluyendo la contribución de la empresa estatal de hidrocarburos (CEPAL, 2020) (Gráfico 1).

En este periodo, la recaudación fiscal total media de Chile llegó a un 21,9% del PIB y Bolivia obtuvo más del 31,6% del PIB (Cepal, 2020) (Gráfico 1).

La desigualdad también evolucionó de manera muy diferente en ambos países[1]: usando la participación del 10% más rico en el ingreso nacional como indicador inverso de desigualdad, tenemos que, en Chile, durante el periodo considerado, esta participación se redujo en 0,18% por año, en Bolivia cayó a una tasa de más de cinco veces, a razón de un promedio anual de 0.96% (Gráfico 1). La evolución del coeficiente GINI, otro indicador de desigualdad, también se redujo en ambos países, pero en Bolivia la caída ha sido más de dos veces mayor que en Chile.[2]

Bolivia no solo redujo la desigualdad mucho más rápido que Chile, sino que además fue capaz de tener una mayor tasa de crecimiento económico. La tasa media anual de crecimiento del PIB en Chile fue de 3,9%, mientras la de Bolivia fue de 4,8%. La “seriedad” de las políticas chilenas, con que los gobiernos se oponen a mayores niveles de impuesto a la minería aparentemente ha tenido un costo en el crecimiento de Chile y en su capacidad de reducir la desigualdad (Gráfico 1).

Estas diferencias en tan importantes indicadores de desarrollo (crecimiento económico y desigualdad) no son causadas solamente por las diferencias en las políticas de recursos naturales. Obviamente, que determinar causalidad desde las políticas a los indicadores de desarrollo es difícil en la medida que existen otras diferencias entre ambos países que aquí no estamos considerando. Sin embargo, lo que es claro es que los recursos obtenidos de los royalties le otorgaron a Bolivia la capacidad financiera para aumentar su inversión en programas y políticas en favor del capital humano (considerado el principal motor del desarrollo económico), en mucho mayor medida que a Chile. Tal como lo muestra el aumento de la participación del Estado en el PIB en Bolivia y no en Chile, el impuesto directo a los hidrocarburos permitió a nuestros vecinos generar un Estado más proactivo, acorde a su riqueza natural.

Gráfico 1.

Crecimiento económico, recaudación fiscal y participación del 10% más rico en el ingreso nacional (2005-2017)

LA REGLA DE HARTWICK

En economía existe una regla muy famosa, “la regla de Hartwick”, la cual en pocas palabras indica que las rentas de los recursos naturales no renovables (como el cobre y los hidrocarburos) deben ser invertidas en otros activos productivos y/o sociales. Es bastante evidente, que si el país está reduciendo su stock de capital natural debe entonces compensar aumentando su inversión en otras formas de capital, para no condicionar la productividad futura de su economía.

Estas rentas pueden jugar un rol importante en apoyar el crecimiento económico, en reducir las carencias sociales y la desigualdad en la medida que, siguiendo la regla de Hartwick, sean invertidas en activos productivos con enfoque social (capital humano, capital social), incluyendo reservas financieras (fondos soberanos) para enfrentar shocks negativos o crisis.

Pero, para que un país pueda seguir la regla de Hartwick, una condición sine qua non es que las rentas deben ser primero captadas y luego invertidas en beneficio del país, no simplemente dejadas en manos de unas pocas empresas extranjeras o nacionales.

Tal como lo demostramos en la sección siguiente, desgraciadamente Chile no cumplió con esa condición sine qua non.

La regla de Hartwick indica que las rentas de los recursos naturales no renovables deben ser invertidas en otros activos productivos y/o sociales. Es bastante evidente, que si el país está reduciendo su stock de capital natural debe entonces compensar aumentando su inversión en otras formas de capital, para no condicionar la productividad futura de su economía.

¿Qué ha ocurrido con las rentas de recursos naturales y la desigualdad?

Durante el periodo 2005-2017 la renta media anual de los recursos naturales en Chile ha llegado a un 15,7% del PIB, logrando el Estado captar de la minería, considerando regalías y las utilidades de CODELCO, una modesta cuarta parte de esa renta, equivalente a un 3,7% del PIB.  Situación muy distinta para Bolivia, de una renta promedio anual de 10,9% del PIB, el Estado captó un 84% de ella, equivalente a un 9,2% del PIB (CEPAL, 2020 y Banco Mundial, 2020) (Gráfico 2).

Gráfico 2.

Rentas producidas por recursos naturales y captadas por el Estado

Lo anterior permite afirmar que las rentas de nuestro cobre han sido regaladas a las empresas privadas de la gran minería por un total de US$120.000 millones durante el periodo 2005-2014[3]. Esto equivale a más de la mitad del total de los fondos de pensiones (Sturla et al., 2018).

Esa pérdida de recursos puede explicar el peso que tiene la desigualdad en Chile, el país con la peor distribución ingresos y riqueza de la OCDE y de América Latina (López et al., 2016; Credit Suisse, 2019); y puede influir en que no hayamos reducido significativamente la participación del 10% más rico en el ingreso nacional, ni tampoco aumentar en forma sustantiva la recaudación fiscal.

¿DIGNIDAD NACIONAL?

Ciertamente el 11 de julio es un día simbólico, pero no lo podemos celebrar. Usando el caso de Bolivia como comparación, vemos que no hemos sido capaces de captar las rentas de nuestra “viga maestra” para aumentar la recaudación fiscal y las inversiones en activos fundamentales (siguiendo a Hartwick).

El modesto impuesto específico de 5% no podrá permitirnos superar la desigualdad. El caso boliviano, es interesante porque muestra que una política de captación de una parte significativa de las rentas de los recursos naturales no es un pasaje al infierno económico como muchos economistas y políticos han dicho. La experiencia boliviana muestra que, aun considerando un periodo de más de 12 años, estas lúgubres predicciones no son más que otro capítulo de la proverbial campaña del terror que la derecha política y económica utiliza tan a menudo.

Nuestros colegas economistas ortodoxos han olvidado rotundamente la famosa regla de Hartwick -que se enseña en los primeros años de la carrera- haciéndose cómplices del cuantioso regalo que han hecho nuestros “representantes” a la gran minería privada del cobre. Así, se ha hecho realidad la sombría advertencia del presidente Balmaceda que inicia este artículo.

El 11 de julio es un día simbólico, pero no lo podemos celebrar. Usando el caso de Bolivia como comparación, vemos que no hemos sido capaces de captar las rentas de nuestra ‘viga maestra’ para aumentar la recaudación fiscal y las inversiones en activos fundamentales.

Y, ¿QUÉ HACEMOS?

Chile requiere de un gran acuerdo por la dignidad nacional, que no sólo quede en meras palabras y declaraciones.

Proponemos un tributo del 20% al valor bruto de las exportaciones de materias primas: minerales, forestales y pesqueras, entre otras. Una regalía significativa que podría, según nuestras estimaciones, permitir aumentar en más de 2 puntos del PIB la recaudación fiscal, sin generar mayores distorsiones.

Lo anterior junto a un paquete de otras medidas, incluyendo: minimizar la elusión y evasión tributaria, restituir el impuesto a las ganancias de capital, desintegrar el sistema de impuesto a la renta y aplicar un impuesto patrimonial (López y Sturla, 2020), permitirían aumentar los tributos en al menos 8 puntos del PIB. Esto aumenta la recaudación fiscal a 29 puntos del PIB (aún muy por debajo de los países desarrollados[4]), terminando en buena parte con la impotencia del Estado. Esto le permitiría aumentar masivamente la inversión en bienes públicos y sociales, reducir la desigualdad, mejorar la productividad y, de una vez por todas, avanzar hacia un desarrollo próspero que dignifique a nuestra sociedad.

Tabla 1.

Distribución y beneficiarios del impuesto directo a los hidrocarburos en Bolivia

NOTAS Y REFERENCIAS

  1. Banco Mundial (2020). “World development indicators”. https://data.worldbank.org
  2. CEPAL (2020). “Bases de datos y publicaciones estadísticas” https://estadisticas.cepal.org/
  3. Credit Suisse (2019). “Global wealth report 2018”. Credit Suisse Research Institute.
  4. Fundación Jubileo (2019). “Renta Petrolera en Bolivia” Serie Debate Público, Nº 74.
  5. López, R. y Sturla, G. (2020) “Hiper Fortunas y Super Ricos: ¿Por qué un Impuesto al Patrimonio hace Sentido?” Serie documentos de trabajo FEN, Universidad de Chile. No. 495, pp. 1-48.
  6. López, R.E., Figueroa, E. y Gutiérrez, P. (2016) “Fundamental accrued capital gains and the measurement of top Income: an application to Chile”. Journal of Economic Inequality 14:379–394.
  7. OECD (2020) «Revenue Statistics: Comparative tables», OECD Tax Statistics. https://stats.oecd.org/
  8. Sturla, G., López, R., Figueroa, E. y Accorsi, S (2018). “La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile: nuevas estimaciones, 2005-2014”. Cepal Review. Vol. 24, pp. 107-129.

[1] Del total recaudado por el impuesto directo a los hidrocarburos, un alto porcentaje va de forma directa a: gobiernos departamentales, gobiernos municipales, pueblos indígenas, fondos compensatorios, etc. Ver detalle en Tabla 1 al final de esta columna.

[2] Al inicio del periodo analizado Chile presentaba un índice de GINI de 0,51 llegando a un valor en torno a 0,46 al año 2017. Bolivia, por su parte, logró reducir el indicador de 0,55 a 0,43 en el mismo periodo. (Banco Mundial, 2020).

[3] La Fundación Sol, en base a Sturla et al. (2018), datos del SII y del Consejo Minero, ha actualizado este monto para el periodo 2005-2019, obteniendo una cifra de US$150.000 millones.

[4] Los países desarrollados promediaban como recaudación fiscal más del 34% del PIB cuando tenían el nivel de PIB per cápita que tiene Chile hoy (OCDE, 2020).

Un país vulnerable en su hora de la verdad: La salida

Un país vulnerable en su hora de la verdad: La salida

Para el economista Ramón López sería un grave error si, para enfrentar la crisis económica que viene, el Estado se endeuda y le inyecta recursos a las grandes empresas. No solo comprometerá el desarrollo futuro, sino que dará la señal de que “el gobierno y los políticos, una vez más, protegen a los súper ricos”. Para López el desafío actual es económico pero también político. Resolverlo mal nos acercará a la confrontación radical, que rozamos el 18/O y que el coronavirus pospuso. López enfatiza que el Estado debe dar una señal clara de que está con la mayoría y con los vulnerables. En esta columna propone medidas que apuntan a demandar una contribución significativa a las grandes fortunas personales de Chile (unas 300 familias) y dirigir esos recursos a rescatar a los trabajadores y las Pymes.

La crisis actual no es sólo una crisis de salud causada por un virus peligroso; es el producto de la combinación del impacto entre la explosión social, que permanece subyacente en la sociedad, y el factor sanitario.

Estos gigantescos shocks encuentran al país en una situación de gran vulnerabilidad, lo cual tiene el potencial de gatillar una desastrosa espiral de conflictos sociopolíticos y económicos acumulativos, que pueden ser muy difíciles de detener. En un reciente artículo publicado en CIPER,  identificamos la vulnerabilidad social como la condición más nociva e invasiva causada por varias décadas de un modelo económico neoliberal aplicado a ultranza. Esta condición, en combinación con los dos masivos shocks que el país ha experimentado en menos de un año, puede generar un grado de descontento, desconfianza y deterioro institucional tan intenso que degenere en un proceso social caótico.

Estos procesos a menudo permanecen latentes por un tiempo, pero una vez que se sobrepasan ciertos umbrales críticos emergen de una manera violenta, adquiriendo una dinámica propia que es muy difícil de controlar usando los mecanismos convencionales de la política.

Esta dinámica puede llevar a una variedad de equilibrios de largo plazo muy difíciles de prever, siendo algunos de ellos extremadamente indeseables, y de muy difícil reversibilidad. Procesos caóticos han afectado desgraciadamente a muchos países en el mundo, siendo Siria en la actualidad y el Líbano hace algunos años, los casos más extremos y dramáticos.

El punto central de este artículo es que estamos en presencia de una última oportunidad histórica para prevenir la ocurrencia de estos fenómenos en extremo peligrosos.

“La emergencia del COVID-19 con todas sus trágicas consecuencias, ha venido a darle un poco más de tiempo al Gobierno y a los políticos para tomarle el peso a la real gravedad de la crisis social, y de esta manera poder finalmente tomar medidas efectivas que vayan a enfrentar el problema de fondo.”

Las propuestas que se plantean aquí apuntan a solucionar, o al menos, a mitigar la profunda vulnerabilidad que afecta a una gran parte de la población, con el objeto de prevenir que el país caiga en una espiral de consecuencias desastrosas. Como se muestra en el artículo citado anteriormente, el componente objetivo de la vulnerabilidad extrema no se puede corregir con medidas de corto plazo, y su reducción requiere de cambios estructurales que toman varios años en entregar sus frutos. Sin embargo, la vulnerabilidad es también una cuestión subjetiva, vinculada con la percepción social de la injusticia. Y eso sí se puede modificar en un plazo relativamente corto.

Para ello se necesita un programa creíble y solido de cambios estructurales que vaya en la clara dirección de rectificar las facetas más perversas del sistema que han originado la vulnerabilidad social.  Es decir, el mero anuncio de un programa de cambios estructurales profundos, incorporando también importantes medidas inmediatas que vayan en la misma dirección, puede ser una forma de reducir al menos los aspectos subjetivos de la vulnerabilidad al mejorar las expectativas de la población de que finalmente se visualiza una transformación real del sistema.

Algunas de nuestras propuestas de cambios profundos podrán parecer contraproducentes o inoportunas dada la gran emergencia prevaleciente. Trataremos de explicar por qué estas medidas no convencionales son necesarias ahora, antes de que se llegue a ese umbral crítico.

La explosión social del año pasado ya tenía visos de transformarse en un proceso caótico como el descrito más arriba. Paradójicamente, fue el segundo componente de la crisis, el componente sanitario, que tendió a neutralizar temporalmente la manifestación del proceso social que ya estaba en marcha. En cierta forma, la emergencia del COVID-19, con todas sus trágicas consecuencias, ha venido a darle un poco más de tiempo al Gobierno y a los políticos para tomarle el peso a la real gravedad de la crisis social, y de esta manera poder finalmente tomar medidas efectivas que vayan a enfrentar el problema de fondo.

Sin embargo, las consecuencias de la emergencia sanitaria harán más profunda la conflictividad social y la posibilidad de gatillar un proceso caótico. El riesgo de no hacer los cambios estructurales ahora es, por lo tanto, aun mucho más serio que antes de la crisis sanitaria.

MEDIDAS INMEDIATAS

No vamos a insistir aquí en las importantes medidas para proteger masivamente a los trabajadores, tanto formales como informales, como también a las verdaderas Pymes. Una parte importante de la población está clamando por esas medidas incluyendo algunos economistas.

Estas medidas son necesarias, pero no suficientes para lograr el objetivo de inducir un cambio radical desde el peligroso cauce social, político y económico en que el país está encaminado. Si esto se hace bien, va a significar invertir una cantidad enorme de recursos públicos, de acuerdo con algunos cálculos, aproximadamente US$15.000 millones, que muchos economistas están considerando financiar aumentando el endeudamiento del sector público y girando parte de los fondos soberanos.

FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS

Financiar estos gastos de esta manera significaría hipotecar aún más el futuro del país, lo cual es garantía de una muy difícil recuperación. Además, esto no soluciona ni con mucho los gigantescos problemas sociales y de desigualdad que están en la raíz de la vulnerabilidad social. En efecto, financiar estos grandes gastos con deuda y fondos soberanos, significa que el eventual pago de la deuda resultante y/o mayor servicio de ella, así como la reposición de los fondos soberanos quedarían con cargo a la ciudadanía en su conjunto.

Es decir, los grandes grupos económicos -a quienes el Estado va a rescatar muchas de sus empresas “estratégicas”-, van a contribuir con una menor parte del costo de un programa como el que se propone, profundizando así la desigualdad. Esto va a redundar en una magnificación del malestar social y de la percepción de injusticia, acercándonos aún más a ese umbral crítico del caos, pues sería una señal de que el gobierno y los políticos, una vez más, se están jugando por proteger a los súper ricos sin importarles la profundización de la inequidades e injusticias causadas por tales políticas.

Por lo tanto, es esencial demandar de parte de las fortunas personales más grandes de Chile (unas 300 familias) una contribución significativa a este gran esfuerzo de rescate y protección a los trabajadores y Pymes. Aquí es importante distinguir entre las grandes empresas de propiedad de estos individuos y su inmensa riqueza personal, parte importante de ella invertida en activos financieros en el extranjero (incluyendo paraísos fiscales). Es decir, gravar una parte relativamente menor de estas fortunas personales para financiar este gran esfuerzo no va a tener efectos negativos sobre la producción nacional, sino que solamente va a reducir un poco la gigantesca acumulación de riqueza personal. Esto puede lograrse vía un impuesto patrimonial de emergencia a estas fortunas, aplicado por una sola vez.

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MEDIDAS ESTRUCTURALES

El objetivo primario de la propuesta de cambios estructurales presentada a continuación, es enviar a la ciudadanía una potente señal de que existe una voluntad política férrea para promover cambios estructurales dirigidos a modificar el modelo actual, por uno que ponga los intereses de las grandes mayorías por encima de los intereses de esa pequeña elite que acumula la mayor parte de la riqueza nacional.  Lo que se necesita no es una implementación inmediata de estas políticas transformadoras, pero si una hoja de ruta clara que establezca un calendario futuro coherente de políticas específicas, todas dirigidas al objetivo central indicado arriba. La implementación de una parte importante de ellas, pero no de todas, va a requerir un cambio de la Constitución.

¿Rescate a las grandes empresas? La mayor parte de las grandes empresas en Chile tienen algunas características que es importante mencionar:

  1. Son monopolistas u oligopolistas y en el pasado han obtenido grandes rentas económicas derivadas de explotar esta condición, incluso a veces recurriendo abiertamente a la colusión, apropiándose de grandes rentas (o son extractoras de recursos naturales, también apropiándose de importantes rentas generadas por estos recursos).
  2. Su condición de oligopolios les ha permitido explotar masivamente a los consumidores, a sus proveedores (a menudo compuesto de un gran número de empresas pequeñas o medianas, las Pymes) y a sus propios trabajadores. Esto ha significado una continua expropiación de riqueza proveniente de consumidores, Pymes y trabajadores por parte de los dueños de estas grandes empresas. Sus dueños no más de 200 ó 300 familias dueñas de gran parte de las más grandes empresas que, gracias a esta apropiación indebida, han podido amasar enormes fortunas.
  3. Si bien es cierto estas empresas se transan en bolsa, la propiedad de ellas está en 90% en manos de ese pequeño número de familias (los llamados “grupos económicos”).

¿Qué hacer entonces cuando estas empresas, después de tantos años de obtener grandes rentas económicas, se encuentran ahora en condiciones críticas?

Una estrategia posible, cuando los grandes empresarios recurran al Estado para su rescate es demandar que sus dueños capitalicen esas empresas con sus propios recursos personales.  Es importante distinguir claramente entre estas empresas y sus dueños. El hecho de que las empresas estén en condiciones deterioradas no significa que la mayor parte de esas enormes rentas acumuladas por la elite dueña de ellas se haya evaporado. Existe, acumulada en instrumentos financieros, mansiones, grandes extensiones de tierra, yates, aviones y sobre todo distribuida en instrumentos financieros mantenidos en paraísos fiscales.

¿Qué hacer cuando estas empresas, después de años de obtener grandes rentas económicas, se encuentren en condiciones críticas? Una estrategia posible, es demandar que sus dueños capitalicen esas empresas con sus propios recursos personales.

Es claro que las grandes empresas -de propiedad casi exclusiva de los súper ricos- no debieran tener problemas de liquidez en la medida que sus dueños estuvieran dispuestos a arriesgar parte de sus fortunas personales para protegerlas. El problema es que probablemente no estarán dispuestos a hacer esto, y les resulte mucho más conveniente que el Estado (o sea todos los chilenos a quienes han explotado por muchas décadas) les tienda la mano salvadora, en el entendido que una vez terminada la crisis sus empresas volverán a su control total.

Esto por supuesto, esto no es aceptable. Si los grandes grupos económicos no están dispuestos a arriesgar parte de sus fortunas personales para salvar sus empresas, el Estado puede entonces adquirirlas total o parcialmente a “precios de mercado”, y de esta manera ingresar a un control proporcional al número de acciones que adquiera. Esto le va a permitir al Estado, una vez que estas empresas vuelvan a ser rentables, compartir las enormes rentas monopólicas que ellas obtienen en tiempos normales, así obteniendo un flujo de recursos que debe usarse para la inversión en bienes públicos y sociales dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la población.

Si por alguna razón el Estado decide vender de vuelta parte de esas acciones, el precio de retorno que reciba el Estado debe internalizar en un 100% el valor presente de toda la rentabilidad de estas empresas, incluyendo las rentas monopólicas esperadas. Adicionalmente, cuando el Estado intervenga, dichas empresas deben comprometerse vía acuerdos legales formales a respetar los derechos de sus trabajadores, así como las regulaciones medio ambientales.

ROYALTIES

Royalties a los sectores extractores de recursos naturales. Otra medida importante es que el Gobierno se comprometa a establecer por ley un sistema de royalties para todas las industrias extractivas de recursos naturales (minería, pesca, salmonicultura, etc.) y a establecer cobros por emisiones de polución. Además, todos los nuevos contratos que otorguen derechos sobre recursos naturales deben ser licitados al mejor postor, terminando con la corrupta costumbre de otorgar derechos gratuitos en base a cuotas históricas. La idea es que las industrias extractoras de recursos naturales contribuyan al país con un flujo de ingresos consistente con el valor in situ de los recursos naturales que extraen. Estos ingresos públicos adicionales deberán estar disponibles para la inversión en bienes públicos y sociales.

Nuevos tributos progresivos. Para financiar por lo menos una parte significativa de los costos del plan de apoyo a los trabajadores y Pymes de una manera permanente, un mecanismo importante debe establecer nuevos tributos para los súper ricos. Uno de estos podría ser un impuesto patrimonial para fortunas personales por encima de US$10 millones. El Estado debe comprometerse a establecer tributos de esta naturaleza para cubrir el mayor endeudamiento del país y restablecer los fondos patrimoniales en un plazo no superior a 2 años. El paquete de medidas también debe programar mayores tributos en el mediano plazo para aumentar el gasto público a niveles similares de otros países de desarrollo intermedio. Incluyendo las nuevas fuentes de recursos públicos detalladas en los párrafos anteriores, los ingresos públicos permanentes deben aumentar en alrededor de 5 a 6 puntos porcentuales del PIB (elevando así los ingresos públicos al 27% del PIB).

El compromiso debe involucrar invertir estos recursos adicionales en un aumento significativo de la inversión en salud pública, pensiones, educación pública y vivienda social.  Es decir, para aumentar drásticamente la inversión en bienes públicos y sociales como mecanismos para reducir la gran vulnerabilidad social existente.

“El mero anuncio de un programa de cambios estructurales profundos, incorporando también importantes medidas inmediatas que vayan en la misma dirección, puede ser una forma de al menos reducir los aspectos subjetivos de la vulnerabilidad, al mejorar las expectativas de la población de que finalmente se visualiza una transformación real del sistema.”

Otras reformas estructurales. Adicionalmente, y con el mismo fin de reducir la vulnerabilidad social, el Gobierno debe comprometerse a un programa de otras reformas estructurales dirigidas a aumentar la protección social. Estas deben incluir la integración de un sistema nacional de salud, dejando así a las ISAPRES como una alternativa de seguro complementario. Además, es necesario la eliminación del rol de las AFPs como administradoras de los fondos de pensión, para lograr un sistema de jubilación solidario y eficiente que invierta esos recursos en activos importantes para el desarrollo del país.

¿Son estas ideas utópicas? Sin duda que con el gobierno y los políticos actualmente en el poder, sí lo son. Sin embargo, es importante traer al debate público estas ideas, y sobre todo enfatizar que, si bien es cierto estas medidas son difíciles y dolorosas para las elites, y también para la mayor parte del mundo político, no moverse en esta dirección de manera decidida va a significar mucho más dolor aun, no solo para las elites y sus políticos, sino que para el país entero. Espero que el establishment en el poder se convenza de que llegó la hora de la verdad: Que persistir en las políticas del pasado, sin responder a las demandas sociales profundizadas por las nefastas consecuencias de la crisis sanitaria, va a gatillar un proceso caótico de consecuencias impensables.

Reactivar este proceso caótico, ya en ciernes, es algo muy serio que las elites en el poder no deben subestimar y que el país no puede soportar.