Sistema tributario e impuesto a los súper ricos

Sistema tributario e impuesto a los súper ricos

La recaudación tributaria en Chile es de un 20,7% del PIB; los países hoy desarrollados recaudaban un 34% del PIB cuando tenían el mismo ingreso per cápita (Accorsi y Sturla, 2020; OCDE, 2020). Nuestra estructura de recaudación se basa en impuestos indirectos, al consumo, 55% de los ingresos fiscales; los países de la OCDE la basan en impuestos directos, los impuestos al consumo representan un 32% (OCDE, 2020). Además, el 1% de los adultos concentra un 35% de los ingresos (Prieto, 2020) y un 47% de la riqueza neta privada total (López y Sturla, 2020; Credit Suisse, 2020). Y, desde 1990, la participación del 1% más rico en el ingreso se ha mantenido estable (WID, 2020). El coeficiente de GINI corregido por ganancias provenientes del capital y utilidades retenidas no ha cambiado (Díaz, Gutiérrez y Tapia, 2020).

La evasión y elusión tributaria, sin considerar Aduanas, alcanza un 7,6% del PIB (US$ 21.000 millones). Mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 3,2% (Bhuen y Scheider, 2016).

Dicho lo anterior, en Chile no existe una norma general antielusiva basada en estándares OCDE, lo cual dificulta la fiscalización por parte del SII y Aduanas, lo que, sumado a la falta de personal técnico-administrativo en estos organismos, explica la elevada evasión y elusión.

Hoy existen tres propuestas concretas de impuesto a los altos patrimonios, dos de forma permanente (López y Sturla, 2020; Gutiérrez y Flores, 2021) y una de forma transitoria (Proyecto de Ley). Las dos primeras propuestas plantean el tributo como una medida necesaria, mas no suficiente, para aumentar la recaudación (0,8 – 1,8% del PIB), disminuir las desigualdades, incentivar la productividad de la riqueza y mejorar el control de la evasión y elusión en base al conocimiento del patrimonio de los contribuyentes de mayor riqueza.

La tercera responde a la contingencia, busca un aporte por parte de quienes están en condiciones de hacerlo para enfrentar las enormes necesidades económicas de la población, el incremento de las desigualdades y el aumento de la pobreza y vulnerabilidad de muchos hogares. El proyecto de ley ha incluido esta semana, para los años 2020 y 2021, el término de la exención del impuesto a las ganancias de capital y el aumento del impuesto corporativo para empresas con ventas superiores a un millón de UF (US$ 40 millones), siempre apuntando a quienes tienen y pueden más.

Algunos de quienes estamos a favor de un impuesto permanente al patrimonio hemos sido claros respecto de sus dificultades, de la necesidad de un buen diseño y de las medidas complementarias requeridas para evitar problemas que han presentado en algunos países, para así lograr los objetivos planteados. También hemos reconocido las diferencias fundamentales con un impuesto transitorio (López y Sturla, 2020).

El proyecto de ley que se votará en el Congreso tiene un alto respaldo de la ciudanía (CELAG, 2020) y de la mayoría de los parlamentarios; se trata de una decisión política. Varios hemos aportado a la discusión para perfeccionar el proyecto original, y sin duda ha mejorado. Ojalá los técnicos que se han opuesto puedan aportar desde sus críticas (la mayor parte de ellas asociadas a la implementación) y conocimientos en la materia, para que este proyecto, que avanza rápidamente en el Congreso, pueda minimizar efectos no deseados, que, por cierto, no están ausentes en ningún tributo existente en Chile.

Recaudación tributaria: la distancia de Chile respecto de la Norma de Países Desarrollados

Recaudación tributaria: la distancia de Chile respecto de la Norma de Países Desarrollados

La recaudación tributaria de Chile se encuentra muy por debajo de la norma de los países desarrollados, aun considerando su bajo ingreso per cápita relativo a los demás”, argumentan los autores. Teniendo a la vista el estándar de los países desarrollados, sostienen que nuestra recaudación debiera ser igual al 31% del PIB, lo que implica aumentar la recaudación en más de 50%. Esta baja tributación podría haber tenido un costo en términos de crecimiento económico, “en la medida que países por debajo de la norma recaudatoria tienden a crecer menos que aquellos que se encuentran en las cercanías de la norma.

Un decálogo para avanzar a un nuevo modelo

Un decálogo para avanzar a un nuevo modelo

La revuelta social de fines de 2019 puso en cuestión las herencias neoliberales en el llamado  “modelo chileno”, especialmente el paradigma del Estado mínimo y de los mercados destinados a regir todas las esferas posibles (y algunas en definitiva imposibles como la educación, la salud, los ingresos basicos y las pensiones) de la vida económica y social.

Hoy muchas más personas consideran (¿una amplia mayoría?) que se deberá partir de otra base valórica e institucional para legársela a las nuevas generaciones. Esta es la de una comunidad que se constituye políticamente a través de una democracia política participativa y descentralizada, no condicionada por las oligarquías económicas sino sustentada en la soberanía de ciudadanas y ciudadanos. Se entiende que esta democracia no debe ser “protegida”, sino una en la que todos los actores acepten el principio de mayoría y el ejercicio del gobierno y la alternancia en el poder según ese principio. Y esta democracia debe consagrar con firmeza la separación de poderes para evitar arbitrariedades de quienes ejercen temporalmente funciones ejecutivas y/o con capacidad de coerción sobre los ciudadanos y ciudadanas. Su base de acuerdo común debe ser el reconocimiento de la dignidad humana, de la diversidad y de las libertades individuales, así como la lucha activa contra toda discriminación y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La base económico-social de un nuevo modelo debiera ser una economía mixta en la asignación de recursos y en la propiedad de los medios de producción. Se deberá aplicar un principio de subsidiariedad inversa al promovido por los neoliberales: dejar al mercado o a la economía social y solidaria solo lo que al Estado no le es necesario o muy costoso hacer, en vez de dejar al Estado solo lo que el mercado no puede hacer. En virtud de este principio, deberá en el futuro inevitablemente existir una prevalencia del Estado para garantizar el interés público en:

  • La orientación de la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos para alcanzar el pleno empleo, con lógica contracíclica, y una distribución más equitativa del ingreso que la que resulta del funcionamiento de los mercados. Esto supone recaudar tributos suficientes y progresivos, con mayor contribución de las personas de muy altos ingresos y equidad territorial, además de la fijación de precios claves como el salario mínimo y las tarifas de servicios básicos, junto a la determinación de las normas de trabajo y de la negociación colectiva y participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
  • La planificación estratégica de la transición a una economía circular diversificada, la agregación sostenible de valor y la inserción selectiva en cadenas globales de producción y prestación de servicios (apoyada en un fortalecimiento sustancial de la investigación, desarrollo e innovación productiva), junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos y la resiliencia de los ecosistemas y de los bienes comunes.
  • La planificación estratégica de las grandes infraestructuras y de los espacios urbanos y rurales como bienes públicos y con sentido de fomento productivo socialmente integrador y ambientalmente sostenible, junto a la regulación estricta del uso del suelo y de las prácticas de especulación inmobiliaria que segmentan socialmente las ciudades.
  • La desconcentración de la propiedad, mediante el traspaso de parte importante de las herencias a fondos públicos de administración de capitales con criterio social y ambiental, y la promoción del acceso de los jóvenes a la actividad empresarial con responsabilidad social y ambiental mediante un capital inicial que progresivamente se universalice.
  • La desconcentración de los mercados, con fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, además de la promoción de la pequeña empresa y de la economía social, solidaria y sostenible mediante una banca de fomento efectiva, la faciitación de acceso a mercados y la transferencia tecnológica y de buenas prácticas en las economías locales.
  • El acceso universal y gratuito a salas cunas, a una educación preescolar y escolar no segmentada, con escuelas públicas ampliamente fortalecidas y valoradas como fuente primordial de la integración social y la igualación inicial de oportunidades, universidades más reguladas y 100% gratuitas al menos cuando son estatales, junto a un sistema subsidiado de formación continua a lo largo de la vida en las empresas y territorios.
  • La provisión de una seguridad social que garantice una cobertura universal de pensiones básicas no muy distantes del salario mínimo y pensiones contributivas de reparto financiadas con el 10% de la cotización en base a derechos adquiridos por las cotizaciones a lo largo de la vida activa y un 1% destinado a la solidaridad con las mujeres, con el 4% restante agregado al Fondo de Reserva de Pensiones para sostener el cambio demográfico. Las AFP deben de una vez dejar de recibir cotizaciones obligatorias y constituirse en un sistema privado de pensiones complementarias en condiciones competitivas y voluntarias.
  • El fortalecimiento sustancial de la salud pública primaria, de urgencia y hospitalaria, el despliegue de especialistas en todo el territorio y el establecimiento de un Fondo Unico de Salud con la cotización del 7% que garantice un Plan de Salud Universal, junto a la fijación de precios de los medicamentos bioequivalentes y su provisión universal pública directa.
  • La provisión de un ingreso básico de inserción social, de creciente universalidad según aumente la productividad y disminuyan los empleos formales con la automatización creciente en perspectiva.
  • La desconcentración de los medios de comunicación para asegurar la diversidad y la pluralidad de las expresiones legítimas existentes en la sociedad.

Todos los componentes de este decálogo están ya en discusión en la esfera pública, de distintas maneras y con diferente profundidad y extensión. Por ello no resulta aventurado afirmar que la revuelta social puso en definitiva en cuestión la idea hayeckiana de que la sociedad no existe y que el valor principal de cada individuo es perseguir el interés propio. Y que, en el caso de los que están más abajo en la escala de la jerarquía social, su aspiración debe ser la de procurar la movilidad social individual a través de las oportunidades que ofrecerían las relaciones de mercado. Con el agregado institucional guzmaniano de no permitir en ninguna circunstancia que opere el principio de mayoría, cuyo abandono definitivo es la batalla política principal para el futuro democrático de Chile.

Financiamiento de la crisis: Hacia un pacto social con los súper ricos

Financiamiento de la crisis: Hacia un pacto social con los súper ricos

Los economistas autores de esta columna cuestionan el plan del gobierno para enfrentar la crisis pues, dicen, “es completamente insuficiente” y no previene el peligro del hambre y de levantamiento social que nos ronda. También critican la propuesta opositora ya que, pese a ser más generosa, se financia con deuda, lo que redundará en que la crisis la pague la mayoría de la población. Proponen, en cambio, que la ayuda a familias y pymes se obtenga en parte de los súper ricos. Argumentan que ese sector también se vería beneficiado con esta medida, pues las familias que están en problemas “son las que consumen en el retail, las que pagan mes a mes sus créditos bancarios, las que pagan servicios privados de agua, electricidad, gas y telefonía”.

Chile vive una doble crisis, sanitaria y social, tal vez la más dramática de su historia. El estallido social de octubre de 2019 se mantiene vigente de una manera subyacente, por dos razones: primero, porque las demandas sociales que lo gatillaron no han sido satisfechas en lo en absoluto y, segundo, porque la crisis sanitaria ha agravado las enormes carencias sociales y vulnerabilidad existentes. Es claro que, dada la intensidad de la crisis actual, si no se toman medidas urgentes de apoyo a los sectores más afectados por las enormes pérdidas de ingreso, el país puede terminar con una cantidad muy grande de pobres, de hasta un 60% de la población. Esto podría generar un caos social de proporciones impensadas.

El objetivo de esta columna es abrir el debate a la ciudadanía para considerar las principales alternativas económicas que mitiguen los sufrimientos de los 12 millones de chilenos más vulnerables.

LAS DOS VISIONES DOMINANTES

Por un lado, el Gobierno insiste en restringir al máximo la ayuda social. Se ha creado un estrecho fondo de US$ 2.000 millones, de los cuales US$ 800 millones serán destinados a un ingreso familiar de emergencia para un millón ochocientas mil familias vulnerables con ingresos informales. Respecto de las pequeñas empresas, el mecanismo utilizado ha sido el crédito Fogape administrado por los bancos, los cuales utilizan sus criterios de riesgo para asignarlos. Los dirigentes de las Pymes lo han calificado como un fracaso.

Por otro lado, ciertos sectores progresistas han propuesto un plan masivo de apoyo a los 4 millones de familias más desprotegidas, que puede llegar a costar US$ 15.000 millones. Se ha propuesto que estos recursos se financien con mayor deuda pública y/o usando fondos soberanos. Sin embargo, cualquiera que sea el mecanismo específico que se use para su financiamiento, es la sociedad en su conjunto, particularmente los sectores medios y bajos, los que terminarían pagándolo.

Así, el país se enfrenta a dos visiones dominantes, ninguna de ellas a nuestro entender satisfactorias.

Lo que propone el Gobierno es tal vez la peor alternativa que, al no prevenir un enorme aumento de la pobreza e incluso hambre, puede propulsar un levantamiento social y un caos de incalculables proyecciones.

El ingreso de emergencia es “irrisorio”, en promedio $120 mil durante 3 meses (un tercio del ingreso mínimo garantizado), no llegando a todas las familias realmente vulnerables. Respecto a las Pymes, la situación ya es dramática para las más pequeñas. El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, ha indicado que los créditos Fogape han llegado a menos del 5% de las empresas mipymes. Además, 700 mil de ellas quedarían fuera del programa, y estima que entre 100 mil y 150 mil de ellas quebraría, lo que implicaría la pérdida de 900 mil puestos de trabajo.

La propuesta de los sectores progresistas también tiene importantes problemas, sobre todo en lo que dice relación a los mecanismos de financiamiento propuestos.

Se propone financiarla con endeudamiento adicional y el uso de los fondos soberanos, dejando en el aire cualquier precisión sobre eventuales cambios estructurales, incluyendo medidas tributarias, necesarias en el mediano plazo. Por esta razón existe la percepción de que los costos de la crisis los van a pagar una vez más las grandes mayorías (ej., vía inflación, alza de IVA, etc.) incluyendo sectores de ingresos medios y bajos, mientras las elites de enorme riqueza van a contribuir muy poco. Si se usan los mecanismos de financiamiento propuestos, esa percepción va a ser enteramente confirmada.

Si bien es cierto que esta propuesta progresista evitaría un empeoramiento masivo de la pobreza, la tensión social y rabia subyacentes, el mensaje todavía sería que las crisis las paga el pueblo mientras los súper ricos se abanican.

PACTO SOCIAL CON LOS SÚPER RICOS

Concordamos en la necesidad de un apoyo de envergadura a los 4 millones de familias más pobres, asegurándoles un ingreso equivalente al salario mínimo por 6 meses, lo cual implica unos US$12.000 millones. Además, consideramos que al menos unos US$ 3.000 millones deben ir como subsidio de forma directa a las mipymes, muchas de ellas con posibilidades reales de quiebra y con nula probabilidad de acceder a los créditos Fogape.

Así, estimamos que el costo fiscal aproximado será de US$15.000 millones, tal como lo indican los sectores progresistas. No obstante, proponemos que una parte significativa de ese financiamiento venga de una contribución de los sectores más ricos de la población ahora.

“La propuesta del Gobierno es tal vez la peor alternativa, al no prevenir un enorme aumento de la pobreza e incluso hambre, que puede propulsar un levantamiento social y un caos de incalculables proyecciones.”

No basta con vagas promesas de que en el futuro vamos a promover una reforma tributaria, que nadie sabe cuándo ni cómo se va a implementar. Por esto es necesario que se busque de forma inmediata un pacto social efectivo entre el Gobierno, el Parlamento y los súper ricos[1].

Este pacto debe contemplar un programa inmediato para lograr una contribución significativa de los súper ricos al financiamiento de los costos sociales de la crisis. Explicitando, además, un plan detallado con un compromiso formal de aplicar, en un plazo de no más de 2 años, un importante programa de reformas estructurales destinadas a satisfacer las demandas sociales pendientes desde el estallido social del año pasado.

CONTRIBUCIÓN, RECIPROCIDAD Y VIABILIDAD

Proponemos que los ricos y súper ricos aporten una contribución inmediata de entre US$5.000 y US$6.000 millones. Hemos estimado que, aplicando una tasa de 2,5% a las fortunas personales por sobre los US$ 5 millones (unos 9 mil individuos) se lograría esta recaudación.

Además de proveer una parte significativa de los necesarios recursos económicos y, por lo tanto, reducir la necesidad de aumentar el endeudamiento fiscal, creemos que este pacto puede constituir una poderosa señal que muestre a la ciudadanía un verdadero cambio que, a su vez, asegure un mínimo de paz social para el futuro cercano.

Los sectores más ricos de la sociedad pueden hacer este esfuerzo, muy pequeño para ellos; es más, se verían beneficiados en el corto y mediano plazo debido al impacto sobre la demanda de sus productos que este programa generaría. Las fortunas personales más grandes provienen, en última instancia, de la economía real. Los 4 millones de familias que recibirían estos aportes, son las que consumen en el retail, las que pagan mes a mes sus créditos bancarios, las que pagan servicios privados de agua, electricidad, gas y telefonías. Además, las pequeñas empresas también beneficiadas con estos programas son las que en parte sostienen la cadena productiva de bienes y servicios que contribuye a generar las ganancias de los súper ricos.

Por otra parte, creemos que es en el interés de los súper ricos contribuir a asegurar la paz social, tan importante para el desarrollo normal de actividades económicas, de gran rentabilidad para ellos.

“Esta columna pretende promover un debate esencial, no solo sobre la magnitud del apoyo estatal a los sectores más vulnerables del país, sino también sobre el financiamiento de este.”

La idea de la propuesta es presentar un desafío al Gobierno y a los súper ricos para que se unan en un pacto social con el objeto de retribuir a la ciudadanía por sus enormes ganancias, incluyendo masivas rentas económicas, que el país y sus gobernantes les han otorgado. Los grandes empresarios tienen un Gobierno de su confianza y, por lo tanto, no deberían tener aprehensiones sobre la forma en que este Gobierno gastaría esos recursos.

Sectores progresistas han calificado un impuesto al patrimonio (por una sola vez en este caso) como improbable, por la obvia reticencia del Gobierno de gravar a los súper ricos; y tal vez lo sea, pero no más improbable que sus propias propuestas sobre las cuales el Gobierno ha mostrado también enorme rechazo. El hecho que ambas posturas tengan pocas posibilidades de que el Gobierno las acepte, no significa que no se deban someter al debate público. Tenemos el deber de presentar a la ciudadanía todas las opciones plausibles para reducir al máximo el sufrimiento de millones de chilenos, y al mismo tiempo, exponer cuales son las verdaderas prioridades del Gobierno.

“Este pacto puede constituir una poderosa señal que muestre a la ciudadanía un verdadero cambio que, a su vez, asegure un mínimo de paz social para el futuro cercano.”

El académico de la Universidad de Columbia, WojciechKopczuk, férreo opositor a los impuestos sobre la riqueza (no así sobre las rentas económicas o ganancias extraordinarias), dijo en una entrevista reciente que sí le parece adecuado que, en tiempos de recesión o crisis, se obtenga financiamiento mediante la contribución de los súper ricos. Más aun, recientemente el Fondo Monetario Internacional, un baluarte del conservadurismo, se ha abierto a impuestos patrimoniales como una forma de financiar parte de los costos de la crisis. El Financial Times también ha hecho lo propio en un editorial reciente. El más grande empresario de Chile ha propuesto también un impuesto patrimonial, y algunos de los tenedores de las más grandes fortunas de EE. UU., incluyendo Bill Gates, también han planteado un impuesto patrimonial no solo para financiar en parte las necesidades impuestas por la crisis, sino como un esquema permanente.

Esta columna pretende promover un debate esencial, no solo sobre la magnitud del apoyo estatal a los sectores más vulnerables del país, sino también sobre el financiamiento de este. En particular, sobre la contribución que se le debe pedir a los ricos y súper ricos en el corto plazo y los cambios estructurales y tributarios necesarios para los próximos dos o tres años.

Bajos impuestos y alta evasión: La receta chilena para el subdesarrollo

Bajos impuestos y alta evasión: La receta chilena para el subdesarrollo

En estos días en que se comienza a discutir en el Congreso un impuesto para los súper ricos, los autores recuerdan la tradicional capacidad que ha tenido el 1% de mayores ingresos para eludir y evadir sus obligaciones tributarias. Sugieren políticas para enfrentar ese tema, para que las alzas que se puedan acordar no sean letra muerta.

La actual crisis ha desnudado problemas estructurales en nuestro sistema recaudatorio y de gasto público. Salvo por el proyecto del impuesto a los súper ricos que se discute en estos momentos en la Cámara Baja, el debate público se ha centrado en el endeudamiento del país y de los hogares. Sostenemos que un tema central en la discusión debe ser el aumento sustantivo y decididamente progresivo de nuestra muy baja recaudación fiscal, vía una mayor carga impositiva (royalties, desintegración, impuesto patrimonial, herencia, ganancias de capital, etc.) y, tal como profundizamos en esta columna, en enfrentar desde ya – sin ambigüedades – la exorbitante evasión de impuestos con la que convivimos, concentrada tradicionalmente en los grupos de mayor ingreso y riqueza del país.

Chile tiene una urgente necesidad de aumentar su recaudación fiscal. Las razones son múltiples.

Según datos de la OCDE, los países que presentan una carga tributaria similar a la chilena, como Corea del Sur y Suiza presentar bajos niveles de desigualdad antes de impuestos y transferencias, con un coeficiente de Gini de 0,40 y 0,38 respectivamente.

En el corto plazo, evitar un excesivo empeoramiento de la situación fiscal en términos de déficit y deuda pública; y contar con recursos que permitan implementar un verdadero y decidido plan de recuperación de la economía. Este plan que debe enfocarse en los sectores más vulnerables y en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que son aquéllas con mayor potencial de creación de empleos y de estimular la demanda agregada, ya que proveen el 96,8% del total de los puestos de trabajo (Ministerio de Economía, 2020).

En el mediano plazo, Chile necesita aumentar la provisión de bienes públicos en el ámbito de pensiones, salud y educación, corregir los fallos de mercado de las externalidades ambientales y, en definitiva, construir instituciones y capacidad estatal que potencien y complementen la iniciativa privada.

En una perspectiva de más largo plazo y tal como ha quedado en evidencia en la pandemia, resulta fundamental contar con “ahorros precautorios”, en la forma de Fondos Soberanos. Ellos inciden en una mejor posición financiera para el país a la vez de representar un arsenal “de última instancia” frente a shocks o situaciones excepcionales, ayudando a la mantención de una saludable posición fiscal.

IMPUESTOS Y EL PACTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO

Líderes empresariales han señalado recientemente que un modelo económico y social a seguir es el de los países nórdicos, entre los que se destaca a Finlandia. El ministro de Hacienda ha indicado que le gustaría tener como modelos a países como Nueva Zelanda y Australia. Estos países coinciden en que fueron capaces de progresar hacia una estructura productiva de mayor complejidad a partir de una relativa abundancia de recursos naturales. Lograron encontrar un equilibrio entre la iniciativa privada y las acciones estatales, comprendiendo que son complementarias más que sustitutas. Asimismo, fueron capaces de construir un Estado de Bienestar fuerte y sólidos Sistemas de Seguridad Social (Barbier, 2005; Stiglitz, 2015; Iqbala and Todia, 2015).

Parte del pacto social que está en la base del éxito de estos países se refleja fuertemente en su estructura de recaudación tributaria. En efecto, como se muestra en la Figura 1, cuando estos países tenían un PIB per cápita similar al de Chile, su recaudación tributaria alcanzaba el 34% del PIB en promedio. En contraste, la recaudación en Chile desde 1990 a la fecha ha fluctuado entre 18% y 21%.

Los países que presentan una carga tributaria similar a la chilena, como Corea del Sur y Suiza tienen la característica de presentar bajos niveles de desigualdad antes de impuestos y transferencias, con un coeficiente de Gini de 0,40 y 0,38 respectivamente (OCDE, 2020). La carga tributaria de estos países ha ido aumentando en el tiempo y además su estructura tributaria es progresiva, recayendo en gran medida en impuestos a la renta, con una baja importancia de impuestos indirectos regresivos como es el IVA. En Chile ocurre todo lo contrario.

Figura 1. Recaudación Fiscal cuando los países desarrollados tenían PIB per cápita de Chile

Fuente. Elaboración propia en base a Maddison Project (2018) y OCDE (2020).

UN PRIMER PASO

Un primer paso para esto, que implica además reorientar nuestro sistema tributario hacia uno más progresivo, es abordar decididamente el grave problema de la evasión en el pago de impuestos. Nuestro país presenta elevadísimos niveles de evasión.[1] De acuerdo como estimaciones recientes del exdirector del SII, Michel Jorratt[2] (2020), la evasión el año 2017 es de 5,5% del PIB para el impuesto a la renta y de 2,1% del PIB para el caso del IVA, totalizando un 7,6% del PIB[3], monto que asciende a más de US$21.500 millones de dólares anuales.

Esta evasión se ha concentrado tradicionalmente en los sectores de mayores ingresos. A modo de ejemplo, el 60% del total de evasión del impuesto a la renta se concentra en el 1% más rico (SII, 2006), esto es, el monto actual evadido (impuesto a la renta) por este grupo sería de US$ 9.300 millones anual, el cual alcanzaría para financiar de forma permanente una renta básica de $135 mil pesos mensuales a 4,5 millones de hogares, alcanzando a más de 14 millones de chilenas y chilenos[4].

El tema del pago correcto de los impuestos pasa a ser un problema moral. O de ética social si se prefiere. Más aún en la terrible situación en que el país se encuentra producto de la pandemia. Una cosa es utilizar cierta “ingeniería tributaria” para intentar disminuir el pago de impuestos respetando las normas legales y su espíritu, pero otra muy diferente es la de inventar mecanismos societarios y contables con el único propósito de pagar menos impuestos. Esto fue lo que ocurrió con el uso de “empresas zombis” que presentaban pérdidas contables y que fueron “revividas” y adquiridas por empresas con enormes ganancias con el objetivo de minimizar los impuestos que correspondía pagar. Para tener un orden de magnitud, el Estado dejó de percibir unos US$3.700 millones por estas operaciones, en valor presente[5]. Este tipo de argucias son absolutamente contrarias al espíritu de la legislación tributaria y por cierto no cumplen con el estándar de ser operaciones basadas en una “legítima razón de negocios”.

Hay que abordar decididamente el grave problema de la evasión en el pago de impuestos. De acuerdo como estimaciones recientes del exdirector del SII, Michel Jorratt la evasión en 2017 fue de 5,5% del PIB para el impuesto a la renta y de 2,1% del PIB para el caso del IVA, totalizando un 7,6% del PIB, monto que asciende a más de US$21.500 millones de dólares anuales.

Existen además una serie de problemas asociados. Uno de ellos es el excesivo secretismo en materia de impuestos, lo que contrasta con lo que ocurre en países como Suecia, Finlandia y especialmente Noruega. En estos países es muy fácil averiguar cuánto paga en impuestos cualquier ciudadano, del más rico al más pobre. Esto ha contribuido a evitar diferencias salariales obscenas y uno de sus subproductos más importantes es que permite supervisar el cumplimiento efectivo de las leyes  contra la discriminación salarial por género.

Existen además debilidades institucionales. A la falta de capacidad efectiva de fiscalización del SII se suma la ausencia de información consolidada que fluya en organismos llamados a colaborar como el mismo SII y Aduana. Finalmente, no existen sanciones legales ni multas que alteren el análisis costo-beneficio sobre la decisión de evadir.

PERFECCIONAR LA INSTITUCIONALIDAD

Pero no basta con una exhortación moral a los evasores de altos ingresos. Como se mencionó más arriba, se requiere una mejor institucionalidad tributaria, contar con información fiable y normas legales que disuadan de manera efectiva a los potenciales evasores.

En el ámbito del perfeccionamiento institucional se debe considerar un mayor nivel de integración entre el funcionamiento de Impuestos Internos y la Aduana para identificar de manera precisa los precios de transferencia en las operaciones entre empresas. Así se podrá contar con información fiable de los ingresos de las empresas que exportan y se facilita el seguimiento y verificación de las ventas e inventarios de las empresas importadoras.

Otro elemento crucial en el diseño de un sistema recaudatorio más eficiente se refiere a la necesidad de contar con información de terceras partes acerca del patrimonio y las inversiones financieras de los contribuyentes, lo que permite detectar sub-declaraciones de ganancias. Es fundamental también levantar el amparo del secreto bancario y que la autoridad tributaria pueda disponer de dicha información.

Respecto de la información de terceras partes, la OECD ha desarrollado un sistema de transparencia tributaria de intercambio de información financiera internacional que facilita enormemente el control de la evasión tributaria al permitir identificar las fuentes originales de grandes fortunas escondidas bajo diferentes subterfugios. Chile debe usar este sistema de una manera mucho más intensa.

En relación con el secreto bancario, diez años después de que el G20 declarara su fin, la comunidad internacional ha logrado un éxito sin precedentes en el uso de nuevos estándares de transparencia para combatir la evasión fiscal OCDE (2019)[6]. Chile debe suprimir definitivamente el secreto bancario.

Estas mejoras institucionales deben ir acompañadas necesariamente de la instauración de una Norma General Anti-Elusión, sin letra chica[7]. Tal como ha sostenido el destacado abogado Alfredo Ugarte “La norma general anti elusiva se debe instaurar conforme a las normas y estándares de la OCDE y/o del Derecho Comunitario Europeo, dotando a la administración tributaria del Estado, constituida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Dirección Nacional de Aduanas (SNA), dotándolas de las facultades y herramientas necesarias para el adecuado control y fiscalización de la normativa general tributaria del país”.

Se deben aumentar las sanciones y en tanto el SII no sea un órgano efectivamente independiente del gobierno de turno, se debe permitir que el inicio de una acción penal por delito tributario también pueda recaer en el Ministerio Público y no sólo sobre el SII como es actualmente. La necesidad de penalizar las infracciones tributarias así como dotar de facultades de investigación adecuadas a las agencias encargadas son algunas de las recientes recomendaciones de la OCDE en la materia.

El gobierno no ha impulsado y difícilmente impulsará una agenda que implique mayores tributos, aún a riesgo de entregar un Estado más endeudado y con un mayor déficit fiscal, lo que significa un fracaso del manejo fiscal macroeconómico por donde se le mire. Tampoco parece interesado en mejorar la institucionalidad tributaria ni tomar pasos decididos contra la evasión. Es por ello que, una propuesta para disminuir la evasión y que permita generar recursos para afrontar la crisis sanitaria/institucional deberá venir necesariamente del Congreso, junto con medidas complementarias como es el caso del Impuesto a los Súper Ricos ya en discusión en la Cámara Baja.

“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, dice una conocida frase del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes. Pero son mucho más que eso. Hoy, para el caso chileno, son parte esencial de un nuevo Pacto Social que resulta inminente y necesario y que deberá ser visto como legítimo por la ciudadanía. De allí la importancia en la progresividad en nuestros tributos. Son la fuente de recursos que necesitamos para contar con una capacidad estatal idónea para la provisión de bienes públicos como educación de calidad, mejoras sustanciales en el ámbito de la salud, el fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo y la construcción de un sistema digno de Seguridad Social y en especial de Pensiones. En definitiva, son un pilar insoslayable para el salto al desarrollo y evitar quedarnos en la trampa de los ingresos medios.

NOTAS Y REFERENCIAS

Barbier, E. (2005). “Natural Resources and economic development”. Cambridge University Press.

Bhuen, A. y Scheider, F. (2016). “Size and Development of Tax Evasion in 38 OECD Coutries: What do we (not) know? Journal of Economics and Political Economy. Vol 3.

CENSO (2017). Resultados. Disponible aquí.

Gómez-Sabaíni, J.C. y Morán, D (2016). “Evasión tributaria en América Latina. Nuevos y antiguos desafíos en la cuantificación del fenómeno en los países de la región.” Serie Macroeconomía del Desarrollo. CEPAL.

Guzmán, J. y Rojas, J. (2017). “Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilena, La mayor elusión tributaria de la elite chilena”. Editorial Catalonia. Santiago, Chile.

Iqbala, R. and Todia, P (2015). “The Nordic Model: existence, emergence and Sustainability”. Procedia – Economics and Finance.

Jorratt, M. (2020). “Aproximaciones al monto de evasión (y elusión) en IVA y Renta”. Estudio en proceso.

López, R. y Sturla, G. (2020). Evasión tributaria: Un desafío urgente. Disponible aquí.

Maddison Project (2018). “Maddison Project Database 2018”. Disponible aquí.

Ministerio de Economía (2020). Informe de resultados: Empleo Cuarta Encuesta Longitudinal de empresas. Disponible aquí.

OECD, (2019). “Global Forum on Transparency and Exchange of information for tax purposes”. 10th Anniversary Report.

OECD (2020). “Revenue Statistics: Comparative tables”, OECD Tax Statistics. Disponible aquí.

SII (2006). “Informe de gasto tributario”. Subdirección de estudios. 3

Stiglitz (2015). “Leaders and followers: Perspectives on the Nordic model and the economics of innovation”. Journal of Public Economics.

[1] La evasión fiscal promedio en los países de la OCDE es del 3.2% del PIB (Bhuen y Scheider, 2016). En comparación con América Latina, de acuerdo a Gómez-Sabaíni y Morán (2016) Chile está apenas en el promedio.

[2] Los autores de esta columna agradecen a Michel Jorratt por la información compartida y su preocupación permanentemente por la evasión de impuestos.

[3] En una columna reciente, López y Sturla (2020) utilizan una cifra de evasión en torno al 5% del PIB, correspondiente a estimaciones efectuadas para 2011. Estas estimaciones muestran que el problema de la evasión ha empeorado en la última década.

[4] De acuerdo al CENSO (2017), 5.1 millones de hogares representan un 90% del total.

[5] Estimación en base a los datos de la investigación periodística realizada por Guzmán y Rojas (2017), “Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilena”.

[6] El intercambio automático de información corresponde a la transmisión sistemática y periódica de información fiscal por parte de los países al país de residencia en relación con diversas categorías de ingresos, tales como dividendos, intereses, ingresos brutos, regalías, salarios, pensiones, etc. Hoy, más de 90 jurisdicciones intercambian información de cuentas financieras de forma automática, con más de 95 mil millones de euros recuperados hasta ahora gracias a este sistema. Como resultado, hasta la fecha se han intercambiado 47 millones de cuentas en el extranjero con un valor total de alrededor de 4,9 billones de euros.