Corre la voz

Los economistas autores de esta columna cuestionan el plan del gobierno para enfrentar la crisis pues, dicen, “es completamente insuficiente” y no previene el peligro del hambre y de levantamiento social que nos ronda. También critican la propuesta opositora ya que, pese a ser más generosa, se financia con deuda, lo que redundará en que la crisis la pague la mayoría de la población. Proponen, en cambio, que la ayuda a familias y pymes se obtenga en parte de los súper ricos. Argumentan que ese sector también se vería beneficiado con esta medida, pues las familias que están en problemas “son las que consumen en el retail, las que pagan mes a mes sus créditos bancarios, las que pagan servicios privados de agua, electricidad, gas y telefonía”.

Chile vive una doble crisis, sanitaria y social, tal vez la más dramática de su historia. El estallido social de octubre de 2019 se mantiene vigente de una manera subyacente, por dos razones: primero, porque las demandas sociales que lo gatillaron no han sido satisfechas en lo en absoluto y, segundo, porque la crisis sanitaria ha agravado las enormes carencias sociales y vulnerabilidad existentes. Es claro que, dada la intensidad de la crisis actual, si no se toman medidas urgentes de apoyo a los sectores más afectados por las enormes pérdidas de ingreso, el país puede terminar con una cantidad muy grande de pobres, de hasta un 60% de la población. Esto podría generar un caos social de proporciones impensadas.

El objetivo de esta columna es abrir el debate a la ciudadanía para considerar las principales alternativas económicas que mitiguen los sufrimientos de los 12 millones de chilenos más vulnerables.

LAS DOS VISIONES DOMINANTES

Por un lado, el Gobierno insiste en restringir al máximo la ayuda social. Se ha creado un estrecho fondo de US$ 2.000 millones, de los cuales US$ 800 millones serán destinados a un ingreso familiar de emergencia para un millón ochocientas mil familias vulnerables con ingresos informales. Respecto de las pequeñas empresas, el mecanismo utilizado ha sido el crédito Fogape administrado por los bancos, los cuales utilizan sus criterios de riesgo para asignarlos. Los dirigentes de las Pymes lo han calificado como un fracaso.

Por otro lado, ciertos sectores progresistas han propuesto un plan masivo de apoyo a los 4 millones de familias más desprotegidas, que puede llegar a costar US$ 15.000 millones. Se ha propuesto que estos recursos se financien con mayor deuda pública y/o usando fondos soberanos. Sin embargo, cualquiera que sea el mecanismo específico que se use para su financiamiento, es la sociedad en su conjunto, particularmente los sectores medios y bajos, los que terminarían pagándolo.

Así, el país se enfrenta a dos visiones dominantes, ninguna de ellas a nuestro entender satisfactorias.

Lo que propone el Gobierno es tal vez la peor alternativa que, al no prevenir un enorme aumento de la pobreza e incluso hambre, puede propulsar un levantamiento social y un caos de incalculables proyecciones.

El ingreso de emergencia es “irrisorio”, en promedio $120 mil durante 3 meses (un tercio del ingreso mínimo garantizado), no llegando a todas las familias realmente vulnerables. Respecto a las Pymes, la situación ya es dramática para las más pequeñas. El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, ha indicado que los créditos Fogape han llegado a menos del 5% de las empresas mipymes. Además, 700 mil de ellas quedarían fuera del programa, y estima que entre 100 mil y 150 mil de ellas quebraría, lo que implicaría la pérdida de 900 mil puestos de trabajo.

La propuesta de los sectores progresistas también tiene importantes problemas, sobre todo en lo que dice relación a los mecanismos de financiamiento propuestos.

Se propone financiarla con endeudamiento adicional y el uso de los fondos soberanos, dejando en el aire cualquier precisión sobre eventuales cambios estructurales, incluyendo medidas tributarias, necesarias en el mediano plazo. Por esta razón existe la percepción de que los costos de la crisis los van a pagar una vez más las grandes mayorías (ej., vía inflación, alza de IVA, etc.) incluyendo sectores de ingresos medios y bajos, mientras las elites de enorme riqueza van a contribuir muy poco. Si se usan los mecanismos de financiamiento propuestos, esa percepción va a ser enteramente confirmada.

Si bien es cierto que esta propuesta progresista evitaría un empeoramiento masivo de la pobreza, la tensión social y rabia subyacentes, el mensaje todavía sería que las crisis las paga el pueblo mientras los súper ricos se abanican.

PACTO SOCIAL CON LOS SÚPER RICOS

Concordamos en la necesidad de un apoyo de envergadura a los 4 millones de familias más pobres, asegurándoles un ingreso equivalente al salario mínimo por 6 meses, lo cual implica unos US$12.000 millones. Además, consideramos que al menos unos US$ 3.000 millones deben ir como subsidio de forma directa a las mipymes, muchas de ellas con posibilidades reales de quiebra y con nula probabilidad de acceder a los créditos Fogape.

Así, estimamos que el costo fiscal aproximado será de US$15.000 millones, tal como lo indican los sectores progresistas. No obstante, proponemos que una parte significativa de ese financiamiento venga de una contribución de los sectores más ricos de la población ahora.

“La propuesta del Gobierno es tal vez la peor alternativa, al no prevenir un enorme aumento de la pobreza e incluso hambre, que puede propulsar un levantamiento social y un caos de incalculables proyecciones.”

No basta con vagas promesas de que en el futuro vamos a promover una reforma tributaria, que nadie sabe cuándo ni cómo se va a implementar. Por esto es necesario que se busque de forma inmediata un pacto social efectivo entre el Gobierno, el Parlamento y los súper ricos[1].

Este pacto debe contemplar un programa inmediato para lograr una contribución significativa de los súper ricos al financiamiento de los costos sociales de la crisis. Explicitando, además, un plan detallado con un compromiso formal de aplicar, en un plazo de no más de 2 años, un importante programa de reformas estructurales destinadas a satisfacer las demandas sociales pendientes desde el estallido social del año pasado.

CONTRIBUCIÓN, RECIPROCIDAD Y VIABILIDAD

Proponemos que los ricos y súper ricos aporten una contribución inmediata de entre US$5.000 y US$6.000 millones. Hemos estimado que, aplicando una tasa de 2,5% a las fortunas personales por sobre los US$ 5 millones (unos 9 mil individuos) se lograría esta recaudación.

Además de proveer una parte significativa de los necesarios recursos económicos y, por lo tanto, reducir la necesidad de aumentar el endeudamiento fiscal, creemos que este pacto puede constituir una poderosa señal que muestre a la ciudadanía un verdadero cambio que, a su vez, asegure un mínimo de paz social para el futuro cercano.

Los sectores más ricos de la sociedad pueden hacer este esfuerzo, muy pequeño para ellos; es más, se verían beneficiados en el corto y mediano plazo debido al impacto sobre la demanda de sus productos que este programa generaría. Las fortunas personales más grandes provienen, en última instancia, de la economía real. Los 4 millones de familias que recibirían estos aportes, son las que consumen en el retail, las que pagan mes a mes sus créditos bancarios, las que pagan servicios privados de agua, electricidad, gas y telefonías. Además, las pequeñas empresas también beneficiadas con estos programas son las que en parte sostienen la cadena productiva de bienes y servicios que contribuye a generar las ganancias de los súper ricos.

Por otra parte, creemos que es en el interés de los súper ricos contribuir a asegurar la paz social, tan importante para el desarrollo normal de actividades económicas, de gran rentabilidad para ellos.

“Esta columna pretende promover un debate esencial, no solo sobre la magnitud del apoyo estatal a los sectores más vulnerables del país, sino también sobre el financiamiento de este.”

La idea de la propuesta es presentar un desafío al Gobierno y a los súper ricos para que se unan en un pacto social con el objeto de retribuir a la ciudadanía por sus enormes ganancias, incluyendo masivas rentas económicas, que el país y sus gobernantes les han otorgado. Los grandes empresarios tienen un Gobierno de su confianza y, por lo tanto, no deberían tener aprehensiones sobre la forma en que este Gobierno gastaría esos recursos.

Sectores progresistas han calificado un impuesto al patrimonio (por una sola vez en este caso) como improbable, por la obvia reticencia del Gobierno de gravar a los súper ricos; y tal vez lo sea, pero no más improbable que sus propias propuestas sobre las cuales el Gobierno ha mostrado también enorme rechazo. El hecho que ambas posturas tengan pocas posibilidades de que el Gobierno las acepte, no significa que no se deban someter al debate público. Tenemos el deber de presentar a la ciudadanía todas las opciones plausibles para reducir al máximo el sufrimiento de millones de chilenos, y al mismo tiempo, exponer cuales son las verdaderas prioridades del Gobierno.

“Este pacto puede constituir una poderosa señal que muestre a la ciudadanía un verdadero cambio que, a su vez, asegure un mínimo de paz social para el futuro cercano.”

El académico de la Universidad de Columbia, WojciechKopczuk, férreo opositor a los impuestos sobre la riqueza (no así sobre las rentas económicas o ganancias extraordinarias), dijo en una entrevista reciente que sí le parece adecuado que, en tiempos de recesión o crisis, se obtenga financiamiento mediante la contribución de los súper ricos. Más aun, recientemente el Fondo Monetario Internacional, un baluarte del conservadurismo, se ha abierto a impuestos patrimoniales como una forma de financiar parte de los costos de la crisis. El Financial Times también ha hecho lo propio en un editorial reciente. El más grande empresario de Chile ha propuesto también un impuesto patrimonial, y algunos de los tenedores de las más grandes fortunas de EE. UU., incluyendo Bill Gates, también han planteado un impuesto patrimonial no solo para financiar en parte las necesidades impuestas por la crisis, sino como un esquema permanente.

Esta columna pretende promover un debate esencial, no solo sobre la magnitud del apoyo estatal a los sectores más vulnerables del país, sino también sobre el financiamiento de este. En particular, sobre la contribución que se le debe pedir a los ricos y súper ricos en el corto plazo y los cambios estructurales y tributarios necesarios para los próximos dos o tres años.

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